LA ECONOMÍA SOCIAL Y EL PERONISMO

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Mario Elgue es el autor de La economía social. Por un empresariado nacional y democrático que publicó la Colección Claves Para Todos (Editorial Capital Intelectual) en 2007.

Recientemente, ha dado a conocer la versión corregida y aumentada de dicha obra bajo el título Claves sociopolíticas para la economía social de donde hemos extraído —gracias a la generosa contribución del autor— el notable texto historiográfico que ofrecemos a continuación.

¿Populismo urbano anti-campo?

por Mario César Elgue (*)

La economía social no aparece en forma marginal en el ideario y en la acción del peronismo. Habitualmente, se vincula su primera etapa (1946-1955), con una suerte de "populismo" urbano (1), caracterizado por una política económica nacionalista y una fuerte alianza del Ejército con el movimiento sindical. De ninguna manera se relaciona esta etapa política con el desarrollo del cooperativismo o de la economía social (2).

Sin embargo, la referencia a la economía social en la literatura política de la época es apreciable. Tanto desde el Partido Laborista, como desde los dirigentes peronistas de los más diversos matices, y como desde la llamada izquierda nacional, se alude a la economía social.

¿Pero qué hay de esa política contraria a los productores agropecuarios, atribuida al peronismo? Pareciera que esa afirmación es contradictoria con el hecho de que una parte sustancial de las cooperativas agropecuarias se conformaron durante el peronismo, al amparo de una activa política tendiente a apuntalar a los chacareros y transformar a los arrendatarios en propietarios.

Es más, este proceso se mantuvo en el tiempo, favorecido por múltiples medidas oficiales, entre otras el préstamo o la cesión de galpones ferroviarios, créditos promocionales y asistencia técnica.

Y aunque una parte significativa de los excedentes de divisas se utilizó para impulsar la industrialización (pública y privada), dicho apoyo no significaba una subvención “artificial” sino que era lo que correspondía a esas circunstancias y a un proyecto nacional como el que se había puesto en marcha.

Lejos de promover una óptica anti-campo -como señalaban dirigentes del ruralismo más concentrado-, el peronismo impulsó a los pequeños y medianos productores y a las cooperativas por ellos generadas. Las cooperativas de Río Negro y Neuquén se aglutinaron en 1946. En 1947 se creó la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias (FACA); en 1950, la Federación de Cooperativas Bonaerenses y un agrupamiento de cooperativas arroceras entrerrianas; más tarde nació ROSAFE (1954).

Es oportuno recordar, a su vez, que en 1953 se conformó la Junta Promotora de CONINAGRO que se materializó formalmente en 1956. En este período, ACA y FACA incrementaron su participación como exportadores de granos; también alcanzaron mayores exportaciones Agricultores Federados (AFA) y SanCor (3).

Se constituyó el IAPI (Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio), como primer paso hacia el protagonismo en el comercio exterior de un sistema unitario de cooperativas agropecuarias, que estuviera en condiciones de realizar la venta directa de la producción exportable y la adquisición de materias primas y elementos necesarios para sus actividades específicas.

A partir de 1946, el IAPI reemplazó a los grandes trusts de cereales, particularmente en la producción triguera, avanzando luego en otros cereales. Mas tarde, abarcó también parte de las importaciones y, en 1954, alcanzó el 18% de las exportaciones cárneas.

Pero el IAPI no se agotaba en adquirir las cosechas de los productores y de las cooperativas, relegando a los grandes acopiadores a la condición de simples depositarios. Financiaba a los compradores de nuestros productos, establecía la tipificación de los mismos, participaba de la compra de materiales de transporte, activo fijo para YPF, aportes para la Flota Mercante e innumerables inversiones.

A partir de 1952, la baja de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional, hizo que el IAPI operara a pérdida manteniendo, no obstante, el precio a los productores. También este organismo público creó “economías externas” en el comercio interno.

Por cierto, mientras los oligopolios bajaban su participación en la comercialización, las cooperativas llegaban al 50 % del acopio. El productor tenía asegurado su cobro, sin maniobras, en un plazo de 12 días, en la sucursal bancaria de su zona.

Si a lo anterior añadimos la Flota Mercante, el Estatuto del Peón y la Ley de Arrendamientos (4), podríamos decir que se trataba de una especie de reforma agraria sui generis (5), que indujo a cierta democratización del sector agropecuario con pocos ejemplos en el resto de la América Latina de esa época, en la cual la perversa dialéctica de latifundios insuficientemente explotados y minifundios sin escala agudizan una extrema polarización social (6).

La economía social como “tercera posición”

Para el ideario del peronismo originario, la economía social es sinónimo de una tercera posición en materia económica, equidistante de la capitalista liberal y del socialismo con planificación centralizada.

Así, José María Rivera, en un ensayo de 1950, se imagina a la economía social integrando a los diversos sectores económicos: “Una economía social no importa una economía sin capital, o sin capitalistas. Lo primero, porque ni aun los comunistas objetan el capital sino en cuanto, de instrumento para incrementar el poder del propio trabajo se convierte en medio para aprovecharse del trabajo ajeno. Lo segundo, porque la economía social no propugna la desaparición del capitalista, sino la limitación de los poderes absolutos que se asignó bajo el pretexto de los principios liberales".

Perón lo corrobora en su Informe al Pueblo, sobre los alcances del Segundo Plan Quinquenal, cuando critica "el equilibrio estático del capitalismo liberal" y reivindica "nuestro equilibrio dinámico, que subordina siempre lo económico a lo social y lo social a lo político, entendiendo que lo político es –en su más alta acepción– realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, mediante la aplicación del sistema que denominamos de economía social...”

Conviene despejar una cuestión básica sobre esta concepción. No se trata de una actitud “defensiva”, propia de situaciones de crisis, vinculada a políticas asistenciales. Por el contrario, se relaciona a fases de crecimiento económico, tiene un alcance estratégico y se enuncia como parte integrante de la política económica (y no de “acción social”).

Si bien el peronismo debe ser juzgado mucho más por su práctica que por sus formulaciones teóricas, lo cierto es que en sus definiciones programáticas aparece con nitidez el tema de la economía social.

Podemos aludir aquí a cinco elaboraciones importantes: 1) el programa del Partido Laborista para las elecciones de febrero de 1946; 2) las denominadas 20 Verdades Justicialistas, emitidas en 1950; 3) algunos discursos de Perón; 4) los trabajos de Jorge del Río, en el marco del Segundo Plan Quinquenal, y, 5) algunas intervenciones de John William Cooke en la Cámara de Diputados.

Unidades básicas de la economía social

Ya en 1946 el Partido Laborista enunciaba en su programa “la formación de cooperativas de productores, especialmente en aquellas fuentes de producción en que resulte antieconómico la subsistencia individual”. Luego, el peronismo histórico consideró a la cooperativa como el tipo preferido de empresa de sus planes quinquenales (7).

Fue el propio general Perón quien lanzó la primera Asociación de Cooperativas de Trabajo (ACTRA) desde la CGT, en 1954. Allí señaló que "actuar en forma cooperativa no implica solamente la administración y la conducción de una empresa cooperativa, sino que también significa hacerse ducho, actuar en la lucha, porque no hay lugar a dudas, de que hoy mismo hay una lucha contra el cooperativismo, lucha sórdida, porque saben que el gobierno lo apoya, y no lo pelean de frente sino de abajo" (8).

En ese tiempo, se dio especial relevancia a enunciados que apuntaban a la enseñanza de la cooperación. Por ello, el Segundo Plan Quinquenal señalaba "la difusión de los principios del cooperativismo y la constitución de cooperativas escolares y estudiantiles, a fin de contribuir a la formación de la conciencia nacional cooperativa y prestar servicios útiles a los alumnos" (9).

El justicialismo impulsó la hoy subsistente Gerencia de Cooperativas en el Banco de la Nación y definió a la cooperativa como unidad básica de la economía social, priorizándola en todas sus políticas productivas.

En lo que respecta al comercio interior, el Plan Quinquenal estimuló la creación y desarrollo de cooperativas de consumo, particularmente las que funcionaban en las asociaciones gremiales, a fin de procurar por este medio la defensa del poder adquisitivo del salario.

También se previó que cooperativas y otras entidades sin fines de lucro concurrieran a la construcción y explotación de los servicios sanitarios, subsidiarios o de pequeño volumen, en las poblaciones más pequeñas. De la misma manera, se fomentaron estas entidades en la distribución de energía eléctrica, con fiscalización pública (10).

Evidenciando una perspectiva estratégica, el Plan Quinquenal instaba a la coordinación permanente de los diversos tipos de cooperativas e incluso a la coparticipación en la fijación de las grandes políticas nacionales.

La Ley Agraria de 1973

La propuesta estratégica de economía social, que esbozara Juan Domingo Perón en sus dos primeras presidencias (1946-1955), se continuó al recuperar el poder en 1973.

Por tomar sólo una muestra: se promovió un innovador anteproyecto de Ley Agraria, elaborado por la Subsecretaría de Agricultura y Ganadería, a cargo del Ing. Horacio Giberti, que proponía que las tierras sub explotadas durante determinado tiempo podían ser expropiadas y hasta perderse el dominio sin indemnización.

Establecía la posibilidad de explotaciones cooperativas “si de acuerdo con las características de la explotación de que es objeto el inmueble adquirido o se proyecte darle en el futuro y teniendo en cuenta las modalidades ecológicas, económicas y sociológicas no fuere conveniente dividirlo en unidades económica familiares…”

En ese caso, se constituiría una o más unidades económicas multifamiliares, a los fines de ser asignadas a una cooperativa de producción. Además, para las adjudicaciones individuales, se establecía que se debía participar en el movimiento cooperativo o constituir una cooperativa específica. Se facultaba al Estado a organizar consorcios de riego, acuerdos de conservación de suelos y programas de concentración parcelaria, para superar el problema de los minifundios (11).

(*) El Dr. Mario César Elgue es el creador y Presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa (IPAC), del Ministerio de la Producción de la Pcia. de Bs. As., 1992-99. Miembro del Directorio y Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, 2003-04. Actual Director del Posgrado de Economía Social, Mipymes asociadas y Desarrollo Local de la Universidad Nacional de Rosario. Coordinador Ejecutivo del Centro de Investigación de la Economía Social (Fundación CIESO, Delegación Buenos Aires).

NOTAS

(1) En los ámbitos académicos se ha hecho un lugar común caracterizar de “populistas” –con cierto tono despectivo– a los movimientos nacionales y populares de los países periféricos, generalmente tumultuosos, policlasistas y con liderazgos fuertes, que no responden a las formalidades “republicanas” de las metrópolis.

(2) Desde esta última corriente, una nota de Jorge Abelardo Ramos, publicada un día antes del golpe del 16 de septiembre de 1955, instaba a la organización obrera para defender la legalidad democrática y proponía transformar parte de las grandes propiedades territoriales en cooperativas de productores.

(3) Demarchi, G., Pymes agropecuarias y cooperativas, Cuadernos del IPAC, Nº 3, La Plata, 1997.

(4) Hoy, otra normativa para los arrendamientos debería tener en cuenta la nueva configuración y diversidad de los “sujetos agrarios”: desde algunos pequeños productores que arriendan todo o una parte de su campo a otros productores, contratistas o “pooles” de mayor envergadura, hasta grandes propietarios territoriales que arriendan fracciones de sus campos a importantes contratistas y fondos de inversión de siembra, entre otros.

(5) Al mencionar a estas políticas y medidas como una especie de reforma agraria, no equiparamos ésta a procesos reformistas expropiatorios más contundentes que se dieron en el marco de otros procesos revolucionarios.

(6) Del Río, Jorge, El Cooperativismo en el Segundo Plan Quinquenal argentino, en la Revista Hechos e Ideas Nro. 106/109, Bs. As., Enero / abril de 1953 y Demarchi, Gustavo, ob. cit.

(7) También se apoyó al mutualismo: el coronel Juan Domingo Perón, estando a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión y de la Vicepresidencia, fue quien promovió el Día Nacional del Mutualismo, que se conmemora desde 1945.

(8) Del Río señala que, en 1949, del total de 100 cooperativas de trabajo existentes, 62 eran de transporte automotor. En esa coyuntura, la explotación de los servicios públicos constituyó uno de los factores facilitadores del cooperativismo de trabajo, al igual que la industria de la construcción. Es el caso de “La Edilicia”, de la ciudad de Pergamino, fundada por doce obreros de la construcción en la década del 30 que, en 1950, agrupaba más de 170 trabajadores de todos los gremios. Era propietaria de una fábrica de ladrillos y de mosaicos. También, en la década del 50, funcionaban ya dos cooperativas textiles que habían sido “recuperadas” por sus ex trabajadores en relación de dependencia. (Vuotto, Mirta, Acerca de las orientaciones del cooperativismo de trabajo: el caso argentino, Comité Latinoamericano de Investigadores, ACI, Rosario, 2006)

(9) Pese a esos enunciados, muchas veces las cooperativas se decidían como una alternativa excluyente, promovida “desde arriba”, sin garantizar la autonomía de las organizaciones y sin ofrecer una capacitación acorde a las bases doctrinarias de este movimiento. Un error similar al que se ha repetido en la actualidad en planes nacionales como el de “Emergencia Habitacional” y el de “Agua más Trabajo”, en los cuales se impone el constituir cooperativas de trabajo. Al respecto, Pilar Orgaz, en un estudio crítico publicado por IFICOTRA (Córdoba, 2005) advierte sobre las consecuencias de estas “cooperativas forzosas”: cuando se pone a prueba el “ser cooperativo”, se generalizan las deserciones, el abandono del proyecto, disputas, inercia, todo ello sumado a malos resultados económicos que terminan por aniquilar el objetivo de generación de trabajo.

(10) Jorge del Río, en Electricidad y Liberación Nacional, Colección La Siringa, Buenos Aires, 1960, a la vez que critica a Perón por no haber tocado a la CADE, a la Italo y a las empresas del grupo ANSEC, reivindica sus méritos en lo que respecta al desarrollo de Agua y Energía Eléctrica, como empresa estatal y el fomento del cooperativismo eléctrico, que permitió el desarrollo de usinas populares cooperativas, que todos los gobiernos de provincia promocionaron.

(11) Fallecido el general Juan Domingo Perón (1º de julio de 1974), el ministro de Economía José Ber Gelbard es reemplazado por el Dr. Alfredo Gómez Morales (octubre de 1974), que osciló entre la transacción y el retroceso, abriendo las puertas a la eclosión del “Rodrigazo” (junio de 1975). Caído Celestino Rodrigo (julio de 1975), Antonio Cafiero “administró la crisis”, pero tuvo que ceder su lugar a Emilio Mondelli (febrero de 1976) que personificó un nuevo retroceso.